A mediados de noviembre último la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de Presupuesto 2004, elevado por el Poder Ejecutivo. Se descuenta que también será ratificado por el Senado.
La sanción legislativa mantuvo las previsiones macroeconómicas del Gobierno y, además, otorgó superpoderes al jefe de Gabinete para reestructurar partidas sin previa conformidad del Congreso, dentro del máximo de $ 76.491 millones que podrá gastar el Gobierno en 2004. Esta facultad se suma la prórroga por un año de la ley de Emergencia Económica.
Un grupo de diputados nacionales y organizaciones sociales -entre éstas APYME- destacaron que el Presupuesto no está en sintonía con el contenido progresista con que se pretende encarar la política económica y, por lo contrario, parece más cerca de las exigencias del FMI que de las necesidades de los argentinos. Los legisladores y entidades presentaron una propuesta alternativa que lamentablemente no fue tenida en cuenta.
Convenio con el FMI
El acuerdo con el Fondo fue presentado como una victoria para los negociadores argentinos. Es cierto que por primera vez el Gobierno rechazó algunas pretensiones que habitualmente eran aceptadas sin discusión, remitiéndose a las prioridades sociales que el presidente Kirchner enfatizó desde su discurso de asunción al cargo.
Los tres puntos destacados en la negociación fueron el superávit fiscal primario, que para 2004 será "sólo" 3 %, cuando el FMI pretendía alrededor del 4,5 %; el rechazo de un calendario de aumento de tarifas de las empresas de servicios públicos privatizadas, y la obtención de un plazo para amortizaciones del capital de la deuda con el Fondo, aunque sí se abonarán los intereses y el año próximo el país pagará al organismo más que lo que recibe, con reservas del Banco Central.
APYME había propuesto un período de gracia de por lo menos tres años, a fin de descomprimir la agobiante presión sobre los presupuestos nacional y provinciales.
Para tomar conciencia de lo que significa el 3% de superávit fiscal que se destinará íntegramente a atender los pagos a acreedores externos, este porcentaje equivale aproximadamente a 12.000 millones de pesos o 4.000 millones de dólares. Se trata de una meta que representa seis veces el promedio de la década de los noventa, recordando que a partir de 1994 el Estado transfirió a manos privadas los recursos de la seguridad social.
Los niveles de pobreza e indigencia que registra nuestro país no son compatibles con la pretensión de cuantiosos excedentes fiscales para atender la deuda. Difícilmente, en tales circunstancias, un crecimiento del PIB como el previsto en medios oficiales, permitiría encarar una transformación de la estructura económica que otorgue prioridades a la atención de la deuda social, la expansión del mercado interno y la consiguiente recuperación de las Pymes.
Es preciso tener en cuenta que actualmente en Estados Unidos se contabiliza el mayor déficit de la historia de ese país -en gran parte, producto de sus guerras imperiales- y varios países de la CEE superaron el límite de 3 % de desequilibrio fiscal establecido en Maastricht, sin que el FMI haya reaccionado siquiera burocráticamente.
El acuerdo marca una etapa de transición de un año, a partir de la cual se volverán a discutir puntos clave. Una certera precisión de sus alcances la expresó el propio Presidente cuando admitió que se trata de una avance "pero no es la panacea". A partir de aquí viene lo más difícil, incluyendo las tratativas con los acreedores de la deuda en default, descontentos por el trato privilegiado hacia el FMI. El secretario de finanzas Guillermo Nielsen admitió que "como dijo el ministro Lavagna, la decisión de pagarle al FMI fue del G7. Hay cosas que se nos escapan de las manos".
Por otra parte la exigencia del FMI de aprobar las reformas al régimen de monotributo antes de fin de año ratifica la continuidad de sus tradicionales imposiciones.
El economista Alfredo T. García afirma:
"La definición del superávit fiscal primario no es más que un maquillaje para definir la concurrencia de dos políticas determinadas, como lo son el pago de intereses de la deuda pública y el mantenimiento de equilibrio fiscal, dos políticas cuya aplicación en un país con una fuerte recesión económica dista de ser la más adecuada. Ello lleva aparejado el déficit cero, que en nuestro país remite a la política fomentada por Cavallo en su fase de gestión radical en el Ministerio de Economía. La cuenta queda entonces así saldada: gasto primario más pagos de intereses igual a los ingresos fiscales. Es una política extraída de la teoría más profundamente ortodoxa". ("La coyuntura y sus tendencias", Realidad Económica 198, septiembre 2003.)
El Presupuesto recién aprobado no es la respuesta adecuada al problema crucial de la Argentina, la cuestión distributiva, que debe tener en cuenta a los sectores más pobres (60 % de los hogares). La consolidación de la democracia institucional sobre la que el Gobierno viene avanzando con medidas de saneamiento apoyadas por la gran mayoría ciudadana, es condición imprescindible para recuperar la confianza en las instituciones. Sin embargo, se corre el riesgo de que esas instituciones continúen al servicio del mismo modelo económico de la última década.
Los aumentos dispuestos por el Gobierno
Las medidas anunciadas el 11 de noviembre por los ministros Lavagna y Tomada se orientan a recuperar el consumo en el mercado interno, única vía para reactivar la economía.
Es positivo que el gobierno invierta lo recaudado en aumentos de jubilaciones y pensiones mínimas y en prestaciones médicas para los beneficiarios del seguro de desempleo. Se debe profundizar esta política, actualizando el salario de los empleados públicos, congelado desde hace años, igual que el resto de las pensiones y jubilaciones.
En el caso de los trabajadores del sector privado los beneficios alcanzarán de manera efectiva a los que se encuentran registrados y formalizados, porción estimada en el 30por ciento.
Es necesario precisar las diferencias existentes en el sector privado: las grandes empresas no tendrán problemas en otorgar el aumento de 50 pesos; el mayor impacto de esta medida recaerá sobre las Pymes, que tendrán una respuesta dispar. Las pocas que han crecido podrán cumplir con lo dispuesto, pero la gran mayoría tendrá dificultades para afrontar el aumento. En este sentido, el Estado debería implementar una política de crecimiento que permita una financiación razonable de la actividad y, al mismo tiempo, comenzar a trazar una estrategia que resuelva el drama de las micro y pequeñas unidades productivas que trabajan en la informalidad.
APYME destaca, además, que existen diversos instrumentos para incrementar el poder adquisitivo de los salarios, uno de ellos, por ejemplo, es la eliminación del IVA de los productos que integran la Canasta Básica, medida que se debería disponer en el marco de una modificación general del regresivo régimen tributario.
En el marco de la actual crisis, las Pymes necesitan que el Estado invierta los recursos (que hoy efectivamente tiene) en una auténtica redistribución de los ingresos que integre al mercado a la población que vive en la pobreza y la marginación.
Opiniones y aportes
El Gobierno se muestra abierto a las opiniones y aportes de diversos sectores. Como lo expresa Federico Poli, subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa:
"Es fundamental entender que el 'derrame' del crecimiento hacia toda la sociedad sólo se producirá en un esquema económico donde las Pymes se expandan y, al mismo tiempo, el Estado induzca una distribución del ingreso adecuada. Así, el crecimiento equilibrado regionalmente empieza a caracterizar esta etapa económica. Aquellos que muestran preocupación genuina por aspectos aún no resueltos de la problemática económica-social y la distribución del ingreso, contribuyen con sus planteos al positivo debate económico". (Clarín Económico, 16.11.03).
APYME, tal como lo demuestran las actividades que se reseñan en el presente número, ha participado activamente en este debate democrático, fijando su posición ante temas fundamentales.
La institución, como muchas otras con las que actúa, está dispuesta a apoyos pero también a rechazos. Entre estos últimos se cuentan aspectos esenciales del Presupuesto 2004.
Departamento de Economía
20 de noviembre, 2003 |
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