La visión de APYME
Como es de público conocimiento, la escasez en la provisión de gas, principal insumo para la generación de energía eléctrica y combustible esencial para muchas empresas industriales, está en el centro de la actual crisis energética. Si bien en los medios de comunicación se habla principalmente de que los cortes afectan a las grandes empresas, gran cantidad de pequeñas y medianas empresas vienen padeciendo cortes y reducciones en el suministro de gas en distintos sectores industriales.
Estas medidas, llamativas para la época del año, se han "justificado" por un sostenido aumento de la demanda que excedería la capacidad de las distribuidoras, aunque según surge de la información disponible en el ente regulador los actuales despachos de gas son inferiores al promedio del último semestre de 2003, y en todo caso el déficit en el sistema de transporte y distribución se debe principalmente a la falta de las inversiones estipuladas en los contratos de concesión.
Por otra parte la conformación de la oferta, donde siete empresas producen el 92 %, y la normalización inmediata del abastecimiento luego de una reunión con la autoridades gubernamentales, en la que se acordó la reglamentación del decreto 181/04 (que determina el encarecimiento del gas en boca de pozo y la creación del mercado mayorista de este combustible), constituyen una evidente demostración de poder oligopólico.
Las Pymes no pueden soportar aumentos
En tal contexto, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios advirtió en un comunicado emitido el pasado 23 de marzo que las Pymes verán agravada aun más su situación en el corto y mediano plazo debido a las mencionadas disposiciones, que modifican radicalmente las reglas de juego del mercado gasífero estableciendo pautas para aumentos de tarifas y obligando a que las industrias deban firmar en el futuro sus contratos de provisión de gas directamente con los productores a un precio desregulado que actualmente triplica el que se paga a las distribuidoras.
A diferencia de las grandes industrias, las Pymes no podrán afrontar el costo de contratos a precio dólar para asegurarse la provisión del combustible, por lo que estarán obligadas a restringir sus consumos o utilizar combustibles alternativos como el gasoil o el fuel oil, que aumentaron más de un 100 % desde la devaluación.
En cuanto a la actual coyuntura, ante la "solución" de aplicar aumento para las tarifas industriales y el GNC, la entidad señala que las empresas del sector no están en condiciones de soportar ningún tipo de incremento, que se sumaría al encarecimiento de un 25 % de insumos básicos para la producción durante los últimos meses.
Recursos estratégicos para la Nación
Dado este ajuste "de hecho" del consumo, la entidad hace notar que el oligopolio de hidrocarburos, gran beneficiario de esta relación de fuerzas, ha incrementado notablemente su producción y sus rentas en los últimos años sin realizar las exploraciones suficientes para asegurar que las reservas cubran el abastecimiento del conjunto de la población y las unidades productivas por un número de años significativo. Vale la pena destacar que mientras la población de nuestro país abastecida con gas natural no llega hoy al 50 %, se han mantenido vigentes contratos de exportación considerados como "ininterrumpibles" (en particular con Chile) de hasta 20 años.
Por estas razones APYME reclama que en la crisis energética se administre este (escaso) insumo estratégico para el desarrollo interno con criterios sociales, garantizando el suministro a los segmentos más desprotegidos de la población, como las familias y las Pymes.
Para quienes se vean obligados a recurrir a combustibles alternativos, el Estado debería evitar un incremento de los costos regulando el precio de los derivados del petróleo, dado que la vigente ley de Emergencia Económica autoriza a fijar precios. Las Pymes deben tener prioridad en este sentido, dado su escaso poder de negociación. El Estado nacional no debe descartar generar recursos para subsidiar a las empresas medianas y pequeñas que deban utilizar combustibles de mayor valor, mediante el mecanismo de incrementar los actuales derechos a las exportaciones de hidrocarburos y sus derivados.
Por otra parte la entidad señala que el Gobierno se había comprometido desde su asunción a respetar las pautas establecidas en la legislación de emergencia, apoyando un proceso de renegociación integral y a fondo de los contratos con las compañías prestatarias de servicios públicos, mediante audiencias públicas, antes de encarar cualquier tipo de modificación tarifaria.
En este proceso es fundamental la participación de los sectores del consumo interno y la producción nacional, principales perjudicados por los irregulares procesos privatizadores de la década neoliberal, como también la realización de una auditoria integral de los costos de las empresas privatizadas, incluyendo las reguladas por la Ley de hidrocarburos, cuyos contratos fueron excluidos de la renegociación en curso.
Asimismo APYME sostiene que, más allá de lo coyuntural, sólo podrá revertirse esta situación con la administración nacional de los recursos energéticos, para lo cual hace falta revertir el marco ilegítimo creado por la desregulación de 1989 que hizo posible la privatización de las empresas estatales, en favor de la creación de organismos públicos orientados según una visión estratégica que favorezca el desarrollo equitativo y el interés nacional. |
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