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Derogación total del CER. Postergación de remates.No al aumento de tarifas
Las PyMEs resisten
Durante el Plenario Nacional del 30 de julio los dirigentes de APYME definieron el plan de lucha y acordaron los pasos futuros. Mientras se multiplican las jornadas de esclarecimiento y resistencia en todo el país, se presentó un petitorio a las autoridades ejecutivas y legislativas nacionales y provinciales. Se decidieron además acciones para el 2 de septiembre, Día de la Industria.


APYME presentó un petitorio ante las autoridades
Desde el pasado 3 de agosto las pequeñas y medianas empresas enfrentan la indexación de deudas y contratos (entre ellos los alquileres) por el CER, y el 9 de agosto finalizó la postergación de los remates. Estos hechos constituirán un verdadero golpe de gracia para el sector (ver abajo informe de coyuntura).

Ante estas medidas, el 7 de agosto APYME solicitó, a través de cartas documentos enviadas a los poderes ejecutivos y legislativos nacionales y provinciales, la derogación del CER para deudas y contratos del sector y la postergación de las ejecuciones y remates. Se rechazó también un posible aumento en las tarifas de los servicios públicos (electricidad, gas, agua, teléfono, transporte, entre otros).

A continuación reproducimos el texto de la carta documento presentadas a las autoridades.

Frente a la grave situación que atraviesa el sector de la pequeña y mediana empresa, la ASAMBLEA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS (APYME) como genuinos representantes del sector solicitamos el urgente tratamiento de los siguientes puntos:

  • Suspender los juicios, sentencias y ejecuciones por deudas impositivas, previsionales, financieras y con las empresas prestatarias de los servicios públicos hasta tanto se recupere el mercado interno -principal fuente de ingresos para las Pymes- y se recomponga la cadena de pagos.
  • Prohibición de cualquier aumento de tarifas de servicios públicos y y otorgar planes de refinanciación con recálculo de deuda a tasa libor, periodo de gracia y tasas blandas. Revisión de los contratos de las privatizaciones y de la ilegítima indexación de tarifas efectuada durante los últimos años.
  • Derogación del CER (y de cualquier tipo de indexación) para contratos y deudas del sector pyme.
  • Refinanciación global -con recálculo del monto original a tasa libor- de las deudas impositivas y previsionales, de la pequeñas y medianas empresas, incluyendo los monotributistas, con condonación de sanciones, incluyendo un período de gracia de dos años e interés del 6% anual, como única forma de regularizar la situación fiscal y no afectar la necesaria reconstrucción del capital de trabajo.
  • Recálculo de las deudas en pesos del sector financiero aplicando en origen la tasa libor manteniendo la pesificación del uno a uno. Periodo de gracia de dos años y tasa de refinanciación del 6% anual a muy largo plazo para la deudas en pesos y las pesificadas para impedir el cierre y la quiebra generalizada de decenas de miles de micro, pequeñas y medianas empresas. Tope del 25% de los beneficios netos mensuales de las pymes para el cálculo de las cuotas de lo préstamos refinanciados.
  • Pronta normalización del sistema financiero (derogando el llamado "CORRALITO") con el fin de recomponer la cadena de pagos.
Buenos Aires, 7 agosto de 2002

Se organiza una red de resistencia PyME en todo el país
Mientras se concretan los reclamos mediante el petitorio, las delegaciones de la entidad trabajan a lo largo de todo el país en la implementación de una red social de resistencia junto con entidades del sector y otras organizaciones sociales.

Esta modalidad consiste en la articulación de acciones en cada lugar a fin de oponer una resistencia efectiva al nuevo intento de profundizar el modelo económico de concentración y extranjerización vía aplicación indiscriminada del CER, aumento de tarifas y ejecución masiva de Pymes.

Estas son algunas de las acciones que ya se desarrollan:
En Rosario permanecía instalada la Carpa del Esclarecimiento y la Resistencia, convocada por APYME junto con la ADS (Asamblea por los Derechos Sociales), ADEVU (Asociación para la Defensa de la Vivienda Única), y Asucerfi (Asociación de Usuarios de Servicios Financieros), con la adhesión de otras 10 organizaciones sociales y gremiales.

Levantada el lunes 5 en la Plaza San Martín, la carpa permanecerá en pie hasta el martes 13, cuando las entidades convocantes encabezarán una marcha hasta la Asociación de Martilleros Públicos, en repudio de los 10 remates ya previstos. Hasta entonces, las permanecerán en la carpa durante turnos de 24 horas.

Mientras, en la ciudad de Santa Fe, la delegación local de APYME resolvió convocar dos asambleas de empresarios con el objetivo de evaluar medidas de acción y de protesta. La primera se realizará en la sede de la entidad el miércoles 14, y la segunda el jueves 15, en la Zona norte de Santa Fe.

En cuanto a los próximos pasos del plan de lucha, según lo anunciado durante el Plenario Nacional del 30 de julio pasado para el Día de la Industria está prevista una exposición de protesta frente al Congreso Nacional. Los pequeños y medianos empresarios en actividad exhibirán maquinarias a modo de muestra del potencial de la industria nacional. A ellos de sumará un grupo de empresas recuperadas por sus trabajadores y también habrá empresas actualmente cerradas exponiendo sus productos.
COYUNTURA

Aumento de tarifas, CER, remates...
La profundización de un insoportable círculo vicioso

Luego de casi cuatro años de depresión económica las Pymes tienen hoy su capital de trabajo retenido en el "corralito", padecen la ruptura de la cadena pagos y para poder producir deben compran sus insumos al contado y en dólares. Se pagan tasas de crédito en el circuito marginal -único al que tienen acceso las PyMEs- que rondan el 150 por ciento.

En este contexto, el Gobierno viene anunciando un aumento de tarifas de servicios públicos que sería del 10 % para los consumidores particulares y alcanzaría el 20 % para las PyMEs.

Esta medida concretaría una nueva transferencia de ingresos desde los sectores más castigados hacia las privatizadas, beneficiarias de una década de concentración económica.

Menos ingresos y obligaciones mayores

Según datos del INDEC, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires más de cinco millones de personas viven con menos de cinco pesos diarios; y de este grupo un millón y medio cuenta con menos de un peso por día. La caída del salario real en el último año oscilaría entre el 36 y 50 por ciento.

Esta reducción del poder adquisitivo tiene su correlato en la caída de las ventas, como lo prueba la enorme

cantidad de locales con persianas bajas. Estos datos, junto con las cifras record de desocupación y subocupación, confirman el continuo achicamiento del ya empobrecido mercado interno, base para el desarrollo de las PyMEs.

Pero la transferencia de ingresos no terminará allí. A partir de agosto las pequeñas y medianas empresas también deberían enfrentar la indexación de deudas y contratos (entre ellos los alquileres) por el CER, lo que significaría un verdadero golpe de gracia para el sector.

De este modo, mientras disminuyen sus ingresos (muchos de ellos obtenidos con bonos de los Estados nacional y provinciales que cotizan por debajo de su valor nominal) las deudas y los contratos de las PyMEs se incrementan al ritmo de la inflación: el CER ya ha superado el 30% y proyecciones conservadoras indican que a fin de año podría llegar al 90%.

Indexaciones y remates

Se calcula que serían 100.000 las PyMEs endeudas con el sistema bancario (excluidas las micro empresas) por un monto que treparía a los 12.000 millones. De acuerdo con las proyecciones mencionadas, la aplicación del CER transformaría esos 12.000 millones en casi 23.000 millones para fin de año.

La indexación que se pretende aplicar tornará imposibles de pagar esas deudas, lo que agudizará las ejecuciones, juicios de todo tipo y presentaciones de concursos.

También durante el mes de agosto finalizará la suspensión por ciento ochenta días de los juicios ejecutivos, lo que condenará al remate de miles de empresas.

Si se tiene en cuenta que de los 12 millones de asalariados, cinco millones son ocupados por las PyMEs. Los remates y la aplicación de esta perversa indexación amenazan con generar un aumento de la desocupación a escalas intolerables.

En este contexto, será sumamente dificultoso para las PyMEs cumplir con el incremento de 100 pesos en el salario de los trabajadores, que es justo y necesario pero que debe surgir de una redistribución global de los ingresos, con un papel activo del Estado y que apunte a fortalecer el mercado interno y el aparato productivo nacional.

Todas estas circunstancias profundizarán el insoportable círculo vicioso de concentración-extranjerización económica, ajuste y achicamiento del mercado interno que viene devastando a nuestro país desde hace años.
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