COYUNTURA

Aumento de tarifas, CER, remates...
La profundización de un insoportable círculo vicioso
Luego de casi cuatro años de depresión económica las Pymes tienen hoy su capital de trabajo retenido en el "corralito", padecen la ruptura de la cadena pagos y para poder producir deben compran sus insumos al contado y en dólares. Se pagan tasas de crédito en el circuito marginal -único al que tienen acceso las PyMEs- que rondan el 150 por ciento.
En este contexto, el Gobierno viene anunciando un aumento de tarifas de servicios públicos que sería del 10 % para los consumidores particulares y alcanzaría el 20 % para las PyMEs.
Esta medida concretaría una nueva transferencia de ingresos desde los sectores más castigados hacia las privatizadas, beneficiarias de una década de concentración económica.
Menos ingresos y obligaciones mayores
Según datos del INDEC, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires más de cinco millones de personas viven con menos de cinco pesos diarios; y de este grupo un millón y medio cuenta con menos de un peso por día. La caída del salario real en el último año oscilaría entre el 36 y 50 por ciento.
Esta reducción del poder adquisitivo tiene su correlato en la caída de las ventas, como lo prueba la enorme
cantidad de locales con persianas bajas. Estos datos, junto con las cifras record de desocupación y subocupación, confirman el continuo achicamiento del ya empobrecido mercado interno, base para el desarrollo de las PyMEs.
Pero la transferencia de ingresos no terminará allí. A partir de agosto las pequeñas y medianas empresas también deberían enfrentar la indexación de deudas y contratos (entre ellos los alquileres) por el CER, lo que significaría un verdadero golpe de gracia para el sector.
De este modo, mientras disminuyen sus ingresos (muchos de ellos obtenidos con bonos de los Estados nacional y provinciales que cotizan por debajo de su valor nominal) las deudas y los contratos de las PyMEs se incrementan al ritmo de la inflación: el CER ya ha superado el 30% y proyecciones conservadoras indican que a fin de año podría llegar al 90%.
Indexaciones y remates
Se calcula que serían 100.000 las PyMEs endeudas con el sistema bancario (excluidas las micro empresas) por un monto que treparía a los 12.000 millones. De acuerdo con las proyecciones mencionadas, la aplicación del CER transformaría esos 12.000 millones en casi 23.000 millones para fin de año.
La indexación que se pretende aplicar tornará imposibles de pagar esas deudas, lo que agudizará las ejecuciones, juicios de todo tipo y presentaciones de concursos.
También durante el mes de agosto finalizará la suspensión por ciento ochenta días de los juicios ejecutivos, lo que condenará al remate de miles de empresas.
Si se tiene en cuenta que de los 12 millones de asalariados, cinco millones son ocupados por las PyMEs. Los remates y la aplicación de esta perversa indexación amenazan con generar un aumento de la desocupación a escalas intolerables.
En este contexto, será sumamente dificultoso para las PyMEs cumplir con el incremento de 100 pesos en el salario de los trabajadores, que es justo y necesario pero que debe surgir de una redistribución global de los ingresos, con un papel activo del Estado y que apunte a fortalecer el mercado interno y el aparato productivo nacional.
Todas estas circunstancias profundizarán el insoportable círculo vicioso de concentración-extranjerización económica, ajuste y achicamiento del mercado interno que viene devastando a nuestro país desde hace años. |