La profunda crisis que golpea a los sectores más débiles de las economías latinoamericanas, con el continuo incremento de las desigualdades económicas y sociales, la pobreza y la exclusión, constituyen el testimonio de lo que más de dos décadas de neoliberalismo han significado para la región. La creación del ALCA es el próximo objetivo de los gestores y beneficiarios de estas políticas y lejos de buscar la integración regional, significaría de hecho una anexión colonial de América latina a los Estados Unidos.

El proyecto del Área de Libre Comercio para las Américas, que se viene negociando a espaldas de los pueblos de la región, significa la cristalización de un esquema de tipo neocolonialista por el cual Estados Unidos afianzaría su hegemonía económica, política y cultural mientras los países de Latinoamérica quedarían condenados al subdesarrollo y la desintegración en un contexto de pérdida de soberanía sin precedentes desde su constitución como naciones.

El ALCA pretende crear una zona de libre comercio entre 34 países de las tres Américas con la sola excepción de Cuba, que asegure, en supuestas condiciones de igualdad, la libre circulación de capitales y mercaderías. La economía de esos 34 países cuenta con un PBI de 11 billones de dólares, de los cuales EE.UU. acapara más de las tres cuartas partes (un 75,7%), Brasil cuenta con un 6,7%, Canadá el 5,3%, México el 3,9% y los 31 países restantes el 8,4 por ciento. Estos datos permiten visualizar quién será el verdadero beneficiario de esta libertad de desigualdades.

Un área de libre comercio es distinta a un mercado común. Este supone, además, tarifas aduaneras exteriores comunes y libertad de movimiento de la mano de obra, pero constituye igualmente, como lo demuestran experiencias propias y ajenas, un espacio de acumulación de los capitales más concentrados de la región. Un verdadero proyecto de integración sería, a diferencia del ALCA, una asociación entre iguales destinada a crear las condiciones para la libre circulación de las mercancías, el capital y las personas, en un contexto de transformaciones económicas, sociales y políticas y de apoyo a las regiones más atrasadas, a fin de alcanzar, en el marco de sus culturas, una homogeneización del espacio común.

Por el contrario un área de libre comercio, como la planteada por el ALCA, tiende a la desregulación absoluta de los mercados, la libre circulación de capitales y mercancías y la privatización de los servicios públicos, con lo que se reforzaría el poder de las grandes corporaciones multinacionales -en especial las estadounidenses- y se impediría a los Estados poner en práctica políticas activas que reactiven la economía, promuevan el desarrollo económico y la integración social.

Con el agravante, en el caso del ALCA, que la potencia hegemónica se reserva el derecho de conservar los subsidios a los productores agrícolas, las cuotas y normas antidumping que le permiten deprimir los precios de los productos latinoamericanos y cerrarles su mercado, en tanto que la penetración de sus productos en América Latina destruirá la producción y el empleo, impulsará la reducción de los salarios y estimulará la precarización laboral como medio de incrementar la capacidad competitiva de las diversas economías.

El ALCA también prevé más allá de las reglamentaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y al igual que el frustrado Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), que cuando la existencia de legislaciones o regulaciones estatales afecten los costos de las empresas (de cualquier nacionalidad), y por lo tanto sus ganancias, estas pueden demandar directamente a los Estados ante tribunales arbitrales.

La eliminación de las barreras arancelarias, la prohibición de cualquier política estatal destinada a favorecer el uso de bienes nacionales (como el "compre nacional" o el "compre Pyme") o privilegiar de cualquier forma el desarrollo local o la obligación de abrir las compras o contrataciones del Estado son algunas de las condiciones que terminarían no sólo con las Pymes, sino además con lo que queda de empleo, salarios y reglamentaciones laborales.

APYME de Argentina, la ANIT (Asociación Nacional de Industriales de Transformación) y CONMIPEIN (Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Industrias) por México y CIVES (Asociación Brasileña de Empresarios de la Ciudadanía) de Brasil crearon en 1998 la Asociación Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (ALAMPYME), a fin de abrir un espacio de discusión, reflexión, coordinación político-gremial, integración e intercambio comercial de las Pymes de la región.

Esta entidad regional ha denunciado históricamente los posibles efectos destructivos del ALCA. Al respecto, la experiencia mexicana en relación con el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)

-cuyos lineamientos se extenderían a todo el continente con la implementación del ALCA- resulta dolorosamente ilustrativa.

A partir de su ingreso en 1993 al NAFTA, y luego de firmar más de 25 acuerdos de libre comercio, México ha visto desaparecer su entramado productivo de pequeñas y medianas empresas al mismo tiempo que su economía sufría un proceso de concentración y extranjerización que llevó a profundizar cada vez más la marginación y la exclusión social.

Aplicando las políticas exigidas por Bush, el gobierno de Vicente Fox ha establecido un sistema que sólo beneficia a los grandes grupos económicos transnacionales, y en el cual la posibilidad de una Pyme mexicana de exportar hacia los países del norte es tan sólo un espejismo. Un dato basta como muestra: mientras las Pymes de Canadá o Estados Unidos pagan tasas de entre el 7 u 8 %, sus "socios" de México sólo acceden al financiamiento extra bancario (financieras) con tasas que rondan el 36 %.

En contraposición a estas políticas ALAMPYME sostiene, en el marco del Foro Social Mundial, que a la "globalización" neoliberal y al "pensamiento único" se debe oponer la auténtica integración de los pueblos y las Pymes en Latinoamérica y el mundo.

Desde esta perspectiva, la entidad propone afianzar el MERCOSUR transformándolo de un mero tratado de libre comercio para las multinacionales en un espacio político y económico que permita, por una parte, la complementación productiva que reactive la demanda masiva en sus mercados, y por otra, el fortalecimiento de los Estados miembros en la negociación con otros bloques económicos. La propuesta de ALAMPYME de crear una Secretaría Pyme del MERCOSUR (ver página 8) demuestra que es posible el desarrollo del sector en el ámbito regional.